La Dirección General de Pensiones del Estado ha comparecido ante un Juzgado Federal en Materia de Concursos Mercantiles con el propósito de recuperar 180 millones de pesos invertidos en certificados bursátiles entre mayo y julio de 2021, durante lo que se ha denominado la «herencia maldita».
El director de Pensiones del Estado, Luis Arturo Coronado Puente, explicó que esta comparecencia es parte de un procedimiento de concurso mercantil impulsado por el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal contra las empresas One de México S.A. de C.V. y Proyecto Trasatlántico S.A.P.I. de C.V., las cuales fueron declaradas en quiebra por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles en 2024.
Siguiendo instrucciones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, la Dirección de Pensiones busca recuperar el capital invertido en ambas empresas. En su calidad de representante legal, el titular de la dependencia compareció en el concurso mercantil declarado por el Instituto Federal de Especialistas en la materia. «Buscamos la devolución del capital invertido, así como los intereses ordinarios y moratorios derivados de los términos y condiciones en que se adquirieron los certificados bursátiles», señaló Coronado Puente.
El funcionario también indicó que tiene la instrucción expresa de continuar investigando las inversiones realizadas por administraciones anteriores. Esta información se añadirá a las carpetas de investigación gestionadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento al denominado «fraude del siglo».
En relación con el presunto fraude de la Universidad Potosina, ubicada en la avenida Venustiano Carranza, la Fiscalia General del Estado, Manuela García Cazares, destacó que se requiere la presentación de una denuncia formal para poder proceder. A la fecha, no se ha registrado ninguna denuncia oficial ante el Ministerio Público.
La fiscal mencionó que el caso ha sido conocido principalmente a través de manifestaciones y notas en medios de comunicación, pero enfatizó la importancia de una denuncia formal para iniciar una investigación. “Habría que ver con la Secretaría de Educación si tienen la autorización para expedir lo referente a los títulos y entonces, de esa manera, si los padres tuvieran que llevar el caso a la Fiscalía lo investigaríamos. Por lo pronto, está en cancha de la SEGE”, afirmó.
Desde hace más de un mes, estudiantes y padres de familia han estado realizando manifestaciones tras descubrir que la institución no cuenta con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), lo que invalida los estudios cursados. A pesar de estar bajo investigación por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) por múltiples irregularidades, la Universidad Potosina SC sigue operando con normalidad.
El lunes 8 de julio, alumnos y familiares se reunieron frente a la universidad con carteles denunciando el fraude del rector José Arturo Segoviano García. Su objetivo es alertar a futuros aspirantes que no ingresaron a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y exigir acciones de la SEGE.
«SEGE se ha comprometido a muchas cosas, entre ellas, a sancionar a la institución, lo que no ha ocurrido. La misma Secretaría nos dijo que están en una suspensión temporal desde abril, y como pueden ver sigue operando con puertas abiertas, buscando defraudar más personas que no hayan quedado en el examen de admisión de la Autónoma para que se inscriban con ellos», declaró un manifestante.
Alan Cornejo, uno de los manifestantes, señaló que buscan advertir a la población para evitar más familias defraudadas y presionar a la SEGE para que tome medidas efectivas. Criticó los avances de la SEGE tras su visita a la Ciudad de México, calificándolos de insuficientes y acusando a Kevin Fabián Elías Alfaro, jefe de Departamento de Registro y Certificación, de no proporcionar noticias relevantes.
«Van a buscar tener una reunión con nosotros esta semana para darnos avances, pero la realidad es que sabemos que no hay avances», dijo Cornejo. También mencionó que la solicitud de apoyo para hacer convenios con otras universidades no ha sido respondida y que la ventanilla para agilizar el trámite de duplicados se abrió con retraso, afectando a muchos jóvenes que buscan inscribirse en otras universidades.
Hasta ahora, aseguran que cerca de 40 afectados han presentado denuncias y esperan reunirse con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) para recibir asesoría legal sobre los siguientes pasos en la demanda colectiva.
El director del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí (CONALEP) Plantel Matehuala, Héctor Fermín Ávila Lucero, fue destituido de su cargo tras la revelación de un caso de abuso sexual en dicho plantel La destitución se produjo en medio de un escándalo que ha sacudido a la institución y generado un fuerte revuelo entre padres de familia, estudiantes y personal docente.
Las autoridades del plantel confirmaron que sí existió un caso de abuso sexual en contra de una estudiante menor de edad, admitiendo que hubo una omisión por parte del personal al no atender de manera inmediata la denuncia presentada por la víctima. Sin embargo, aclararon que la versión de que la alumna resultó embarazada no es correcta.
Según información del diario Tiempo del Altiplano; Ávila Lucero ignoró deliberadamente las denuncias de abuso sexual presentadas por la alumna contra un maestro, permitiendo que el acusado continuara en su puesto a pesar de la gravedad de las acusaciones. La falta de acción por parte del director generó indignación entre la comunidad educativa, lo que llevó a protestas en las que se exigía su destitución inmediata.
Ante la presión social y la evidente negligencia en el manejo del caso, las autoridades del CONALEP se vieron obligadas a remover a Ávila Lucero de su cargo de manera definitiva. En su lugar, se ha designado al profesor Jaime Yáñez como encargado temporal, quien tendrá la ardua tarea de restaurar la confianza y la tranquilidad en la institución, además de garantizar que este tipo de abusos no vuelvan a ocurrir.
Directivos del CONALEP plantel Matehuala afirmaron que se han tomado las medidas necesarias para dar de baja a quienes resultaron implicados tanto en el delito de abuso sexual como en la omisión de las quejas presentadas por la víctima. Sin embargo, desmintieron la versión de que la estudiante resultó embarazada.
Este caso ha encendido las alarmas sobre la inadecuada atención que se da a las denuncias de abuso sexual en las instituciones educativas. Familiares de la víctima esperan que las investigaciones continúen para determinar las responsabilidades del maestro acusado y que se aplique todo el peso de la ley en su contra.
